LA CONTRALORÍA LE HACE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE DISTRITO
Como respuesta al seguimiento que está realizando la Contraloría al proceso de implementación de la Ley 1617 de 2013, funcionarios de la Dirección de Planeación y Ordenamiento Territorial presentaron informe a la titular del Ente de Control, Dra. Rosa Belisa Góngora García, sobre los avances que ha tenido la Administración Distrital en dicho proceso. 
“El espacio sirvió para intercambiar ideas y recoger todas las recomendaciones de las entidades asentadas en el Distrito de Buenaventura con el fin de que sean incluidas en los proyectos de acuerdo que se les presentarán al Concejo”, expresó Romel Alberto Cuellar, Asesor Despacho Alcaldía.
Entre las recomendaciones dadas por Góngora García al comité están:
· En el proceso de aplicación de la Ley 1617 de 2013, el gobierno local debe tener un inventario de los predios porque estos aumentarían los ingresos del Distrito por concepto de arrendamiento y pago de impuestos, “tener claro donde están matriculados para así iniciar el proceso de adjudicación de los mismos con el fin de que la Administración realice mayor inversión social”.
· La Ley 1617 no contempla el desarrollo del sector pesquero y maderero, “es relevante que el Gobierno Local, a través de un proyecto de acuerdo presentado al Concejo, busque optimizar estas economías ya que por años han sido el medio de sostenimiento de la población”, aseveró.
· Vincular a los miembros del Consejo Territorial de Planeación ya que en este comité convergen los representantes de las comunidades negras, indígenas, comerciantes, universidades, líderes comunales y los ediles, “es una manera de recoger apreciaciones de los diferentes sectores”.
· En el Plan de Ordenamiento Territorial que debe realizar la Administración Distrital se debe legalizar el crecimiento de la ciudad, es decir, en el Distrito existen asentamientos humanos creados a través de invasiones ilegales, “esta progresión desproporcionada a generado los problemas que se presentan en la prestación de los servicios públicos domiciliarios”, puntualizó.
